Una subvención federal de banda ancha puede hacer que el servicio esté disponible en una vivienda antes de que alguien allí empiece a usarlo. La versión revisada por el comité del Senado de la Ley para Acelerar los Permisos de Banda Ancha de 2026 exigiría un panel público con el número de lugares donde hay servicio gracias a las subvenciones. El texto sustitutivo del comité del 9 de noviembre prescinde de una segunda cifra que figuraba en el proyecto del 30 de abril: cuántos de esos lugares usaron efectivamente el servicio.
El Comité de Comercio del Senado presentó el texto sustitutivo el 9 de noviembre, y el proyecto S. 4448 figura con el número 691 en el calendario del Senado. El panel propuesto mostraría cuánto ha gastado cada beneficiario elegible de su subvención del programa Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) y cuántos lugares obtuvieron acceso gracias a esos fondos. Con esas cifras globales, los lectores podrían seguir el avance de cada beneficiario. Para saber si pueden contratar el servicio en una dirección concreta tendrían que consultar otra fuente. El texto sustitutivo también obligaría al Departamento de Comercio a publicar los informes semestrales de los beneficiarios dentro de los 90 días siguientes a su recepción, tras retirar la información comercial confidencial. La ley vigente ya exige que esos informes indiquen tanto el número de lugares donde el servicio pasó a estar disponible como el de aquellos donde se utilizó. Con el texto sustitutivo, los lectores podrían consultar las cifras de uso que se divulguen en los informes publicados.
El proyecto aborda otra etapa de la construcción de una red: obtener permiso para usar propiedad federal. La ley vigente ya da a un organismo del poder ejecutivo 270 días, a partir de la recepción de una solicitud debidamente presentada al amparo de esa norma, para conceder o denegar una servidumbre, un derecho de paso o un arrendamiento en propiedad federal y notificar al solicitante. El proyecto presentado por el comité daría al Departamento de Comercio 120 días a partir de la promulgación para establecer controles de calidad de los datos sobre los plazos de tramitación y poner en marcha alertas para el personal cuando una solicitud corra el riesgo de superar el plazo vigente.
Para quienes esperan la llegada de la banda ancha, esos registros responderían a preguntas distintas. Una herramienta de seguimiento de permisos ayudaría a un beneficiario a saber en qué punto del trámite federal está un proyecto. El panel mostraría cuántos lugares obtuvieron acceso gracias a la subvención. Los informes semestrales ya cuentan cuántos de esos lugares usaron el servicio. El proyecto haría públicos los informes tras retirar la información comercial confidencial.